El
pasado 31 de marzo, el Gobierno aprobó nuevas medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19, entre ellas las
relativas a los procedimientos de desahucio por impago del alquiler.
El Real Decreto
11/2020 de 31 de marzo, aprueba la suspensión de los procedimientos de desahucios de vivienda que
estuvieran en tramitación judicial, siempre que el arrendatario acredite en el juzgado que se
encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida,como
consecuencia del covid-19 y que le imposibilite encontrar nueva vivienda para
sí y para las personas con las que conviva.
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